Utah quiso acabar con los VPN y un tribunal le dijo que es imposible

Un juez federal de Utah le acaba de decir al estado lo que nadie se atrevió a decir en toda la historia de las VPNs: lo que pediste no existe. No es un matiz jurídico. Es una imposibilidad técnica bajo penalización de responsabilidad civil.

Utah adoptó la SB 73, la primera ley en Estados Unidos que apunta de lleno a las VPNs. No las prohíbe. Hace algo peor: obliga a los sitios web a detectar con perfección cuándo un usuario se oculta detrás de una VPN, y castiga al sitio —no al usuario— si falla.

Resultado: 28 millones de personas de Salt Lake City, Boston, Nueva Orleans, Anchorage y Honolulu quedan bajo responsabilidad civil de empresas que no tienen ningún método fiable de saber de dónde viene cada conexión. Ni tu VPN, ni tu navegador, ni tu proveedor de internet. Nada.

El juez que escribió la frase que nadie quería leer

El juez federal Barlow dictó un bloqueo preliminar de las disposiciones sobre VPN, y su redacción es lo más duro que ha salido de un tribunal estadounidense sobre este tema en años:

«El estatuto, tal como fue enmendado, esencialmente impone responsabilidad objetiva a entidades como Aylo al momento de determinar la ubicación de los usuarios de sus sitios web.»

Traducción: responsabilidad objetiva. Si un usuario de Denver entra a tu sitio y tú no lo detectas, tú pagas. Sin intención, sin negligencia, sin saber que ese usuario existía. Aylo, el estudio detrás del sitio para adultos que inició la demanda, construyó el caso precisamente sobre eso: no puedes exigirle a una empresa que adivine lo imposible y luego convencerla de que no lo hizo.

Y el detalle más revelador: el propio juez reconoce que la geolocalización perfecta no existe hoy. Leyó el estatuto, vio lo que exigía, y dejó por escrito que la exigencia del estado es técnicamente insatisfactoria. La ley, en otras palabras, se incumple por construcción.

El detalle que nadie te va a decir: no es lo que crees

La ley no prohíbe las VPNs. Ni siquiera las toca directamente. Lo que prohíbe es que los sitios web compartan información sobre el uso de VPNs. El juez no atacó esa parte. Atacó la otra, que es la insostenible.

Ahí está la polémica: Utah diseñó un marco donde la única forma legal de cumplir es espiar a todos para demostrar que espías a unos cuantos. La EFF lo llamó lo que es: teatro de cumplimiento. Un estado que convierte un problema de seguridad real en una fábrica de vigilancia obligatoria.

Por qué esto te afecta aunque no vivas en Utah

Porque el precedente importa más que la ley.

El juez no falló en nombre de los usuarios de Utah. Falló invocando la prohibición constitucional de que un estado imponga cargas significativas a personas y empresas fuera de sus fronteras: el Dormant Commerce Clause. Es un fallo de comercio interestatal, no de privacidad. Y por eso es mucho más peligroso para el resto del país.

Eso significa que Utah no puede obligar a un servidor en Ámsterdam, un CDN en Brasil o una app en México a instrumentar geolocalización perfecta para 28 millones de usuarios que nunca llegan a Salt Lake City. Y si Utah no puede, el siguiente movimiento lógico de la industria es replicar la ley en otros estados. Virginia, Texas y Louisiana ya tienen propuestas anti-VPN sobre la mesa. Un bloqueo preliminar aquí abre la puerta allá.

El ángulo que la EFF quiere que pases por alto

EFF tiene razón en lo esencial: internet siempre encuentra la vuelta a la censura. Las VPNs se adaptan, los usuarios migran, los protocolos cambian de nombre. Si prohíbes una tecnología por su nombre, reaparece con otro en seis meses.

Pero hay un punto que vale la pena decir en voz alta: las VPNs no son un truco para ver contenido para adultos. Son infraestructura de seguridad para periodistas en regímenes represivos, para investigadores y autores que necesitan anonimato para publicar, y para cualquier persona en una red hostil. Si el marco de Utah obliga a los sitios a rastrearlas, el siguiente paso lógico no es «padres contra pornografía» — es rastrear a quien se protege.

Qué hacer tú ahora

Mientras la SB 73 esté bloqueada preliminarmente, ten en cuenta que no es definitivo. Los legisladores de Utah ya han dicho que podrán reescribir la ley en la próxima sesión. Un bloqueo preliminar es un megáfono legal, no un veredicto final.

Y un recordatorio que nunca sobra: si usas VPN por seguridad y no por streaming, la medida más barata y más efectiva sigue siendo una. El tribunal acaba de recordar que un estado tiene la obligación de ser tecnológicamente razonable antes de obligarte a la vigilancia.

Conclusión

La ley más peligrosa del año en Utah no fue la que te protégé. Fue la que intentó tender una trampa a todos los demás. Y esta vez, un juez público dejó escrito que la aritmética no cuadra.

Tu opinión

¿Debería poder un estado exigir geolocalización perfecta a empresas de internet? Si dices que sí, estás defendiendo el rastreo masivo como única salida posible. Si dices que no, comparte esto con quien todavía cree que lo único que importa es cifrar más.