El tribunal más alto de Francia acaba de poner una barrera al patrimonio de todos

El abogado del tribunal administrativo más alto de Francia abrió su argumento con una referencia a René Magritte: «A veces un documento no es un documento». Aquellas palabras, citando La traición de las imágenes (Ceci n'est pas une pipe), iban a decidir el destino de ocho años de lucha por el acceso al patrimonio cultural pagado con dinero público.

Todo empezó cuando Cosmo Wenman pidió al Museo Rodin, en París, que identificara y liberara los escaneos 3D de las esculturas de Auguste Rodin, algunas de las obras de dominio público más conocidas y más copiadas del mundo. La respuesta del museo no fue negar la petición con argumentos: fue una campaña sostenida de mentiras, incompetencia deliberada y, según quedó demostrado en los tribunales, abierta ilegalidad.

El veredicto que el museo decidió ignorar

Tras una petición formal de la CADA (Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos de Francia), la comisión dictaminó a favor de Wenman: los escaneos 3D del museo eran, sin lugar a dudas, documentos administrativos, y por tanto debían hacerse públicos bajo la ley francesa de acceso a la información.

En diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de París estuvo de acuerdo. Descartó uno tras otro los argumentos del museo (secreto comercial, falsificación, modelo de negocio, propiedad intelectual) y ordenó al Museo Rodin y al Ministerio de Cultura que entregaran esos escaneos, además de indemnizar a Wenman con 1.500 euros. La decisión fue clara. El museo y el Ministerio la ignoraron. No presentaron recurso: sencillamente se negaron a cumplirla.

El giro surrealista del tribunal más alto

El caso llegó al Consejo de Estado (máximo tribunal administrativo francés). Allí, la representante del tribunal echó mano del recurso más surrealista imaginable: recordó a Magritte para afirmar que los point clouds (nubes de puntos) de los escaneos 3D no son documentos, ni mucho menos documentos administrativos.

El veredicto final fue aún más contundente en su giro. El Consejo de Estado decidió que los escaneos 3D de obras del patrimonio cultural no son documentos administrativos, sino reproducciones físicas inalienables de la colección del museo. Por ello, la ley de acceso a la información simplemente no les era aplicable.

El resultado: se desestimaba el recurso, Wenman debía pagar 3.000 euros de costas al Museo Rodin y, para rematar, ni siquiera recibió notificación escrita de la sentencia. Un expediente de más de 800 páginas, acumulado tras ocho años de lucha, fue tratado como si nadie lo hubiera leído.

Financiados con tu dinero, cerrados a todo el mundo

Lo más indignante del caso es lo absurdo de la defensa del museo. Durante el proceso, el Museo Rodin afirmó dos cosas contradictorias al mismo tiempo: que sus escaneos láser eran tan incomprensibles y de tan mala calidad que ni siquiera ellos podían usarlos... y que, al mismo tiempo, sí podían servir para fabricar falsificaciones y por eso debían mantenerse en secreto.

Esas nubes de puntos en formatos de texto abierto son exactamente lo que museos de todo el mundo usan para preservar y compartir patrimonio digital. De hecho, el propio Ministerio de Cultura francés publica guías metodológicas recomendando su uso y accesibilidad abierta. Incluso el gobierno francés libera escaneos 3D aéreos de todo su territorio bajo licencias abiertas. Pero cuando se trata de Rodin, el criterio cambia por completo.

¿Por qué nos afecta esto más allá de Francia?

Este fallo sienta un precedente peligroso. Millones de euros de dinero público se han invertido para digitalizar patrimonio de dominio público. El argumento del tribunal abre la puerta a que instituciones culturales, tras recibir fondos públicos para escanear nuestras obras comunes, puedan privatizar ese acceso y bloquear su reutilización libre.

En América Latina, donde muchos museos avanzan lentamente en su digitalización abierta, este precedente importa mucho. El patrimonio cultural no pertenece a las direcciones de los museos: pertenece a la ciudadanía. Digitalizarlo con fondos públicos para después encerrarlo tras muros legales es, en pocas palabras, traicionar ese principio.

Como decía Magritte con su pipa: lo que vemos no siempre es lo que nos quieren hacer creer. En este caso, un tribunal acaba de decir que un escaneo 3D pagado por todos nosotros «no es un documento». La pregunta es: ¿quién gana cuando el patrimonio público deja de ser público?

Comparte esto si crees que el patrimonio pagado con dinero público debe estar al alcance de todos, no encerrado en un cajón legal.