El jurado declaró a Ticketmaster un monopolio ilegal — pero Trump llamó al CEO y el DOJ lo dejó ir

Un jurado federal acaba de dictaminar lo que millones de fans already sabían: Ticketmaster y su dueño Live Nation operan como un monopolio ilegal. El veredicto, que llegó después de un juicio histórico de varias semanas, declaró que la compañía sobrecargó sistemáticamente a los consumidores y sofocó la competencia en la industria de los conciertos.

Pero aquí viene lo que suena a película de conspiración: el Departamento de Justicia (DOJ) llegó a un acuerdo sorpresa con Live Nation justo después de que su CEO, Michael Rapino, hablara directamente con Donald Trump. La pregunta que flota en el aire es obvia: ¿hubo presión política para salvar a un monopolio?

¿Qué dijo el jurado?

Doce ciudadanos analizaron semanas de evidencia y llegaron a una conclusión contundente: Live Nation y Ticketmaster violaron las leyes antimonopolio de EE.UU. al usar su poder de mercado para eliminar competidores y cobrar precios abusivos.

El veredicto señaló que la compañía tiene control sobre más del 80% de la venta de boletos para grandes conciertos y que usó contratos exclusivos con los venues para impedir que competidores como SeatGeek o AXS entraran al mercado.

Según la evidencia presentada, las tarifas de Ticketmaster —esas que todos odiamos— no son "cargos por servicio", sino el resultado directo de una posición monopólica que permitía cobrar lo que quisieran sin consecuencias.

El giro político: Trump llamó al CEO antes del acuerdo

Cuando parecía que el veredicto llevaría al desmantelamiento de Live Nation —algo que los fiscales federales habían prometido—, el DOJ anunció un acuerdo extrajudicial que dejó a la compañía prácticamente intacta.

Horas después, NBC News y AP revelaron que Trump había hablado con Michael Rapino, CEO de Live Nation, justo antes de que el DOJ cerrara el trato. La Casa Blanca no ha negado la llamada.

El timing es, cuanto menos, sospechoso. El acuerdo del DOJ incluye algunas reformas menores —transparencia en precios, límites a contratos exclusivos— pero no toca el núcleo del problema: la propiedad de Ticketmaster y los venues.

33 estados exigen la separación

La reacción no se hizo esperar. Treinta y tres fiscales generales estatales, liderados por California y Nueva York, presentaron una moción para bloquear el acuerdo y exigir que un tribunal ordene la separación real de Live Nation y Ticketmaster.

"Este acuerdo es una curita para una hemorragia", dijo un senador en una audiencia. "El jurado ya habló. La ley es clara. Lo que estamos viendo aquí es interferencia política."

Senadores de ambos partidos han pedido una investigación sobre "las circunstancias sospechosas" que rodearon el acuerdo, incluyendo la llamada Trump-Rapino.

Kid Rock vs. Trump: el lado más bizarro

Como si la historia no fuera ya suficientemente extraña, Kid Rock —sí, el músico— explotó contra Trump públicamente y calificó el acuerdo del DOJ como "una broma de mal gusto".

"Le prometiste a la clase trabajadora que lucharías contra los monopolios. ¿Y ahora resulta que te llaman y soltaste a Ticketmaster?", escribió en redes sociales. El músico, que había sido aliado político de Trump, llamó a sus seguidores a boicotear los conciertos de Live Nation.

Hasta Ari Emanuel, CEO de TKO (la empresa detrás de UFC y WWE), habría pedido a Trump que interviniera para calmar la investigación antimonopolio, según reportes de Yahoo Finance.

¿Qué significa esto para el consumidor latino?

Si vives en Latinoamérica y alguna vez compraste un boleto para un concierto internacional, probablemente pagaste precios inflados por la misma razón. Ticketmaster también domina el mercado de boletos en México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil.

La diferencia es que allá no hay un jurado que los enfrente. En LATAM, los consumidores no tienen protección antimonopolio para eventos internacionales —dependen de lo que pase en EE.UU. para que las reglas cambien globalmente.

Si el acuerdo se mantiene, los precios de los boletos para conciertos de artistas internacionales seguirán subiendo. Pero si los 33 estados logran la separación, el efecto podría sentirse en todo el continente.

¿Y ahora qué?

Live Nation ha pedido un nuevo juicio, argumentando que el veredicto del jurado fue "emocional" y no basado en evidencia económica. Pero con 33 estados, senadores, ex-fiscales del DOJ y hasta Kid Rock en su contra, la presión pública es inmensa.

El juez del caso ha programado una audiencia para las próximas semanas donde decidirá si acepta el acuerdo del DOJ o si ordena la separación que el jurado y los estados exigen.

Lo que está en juego no es solo el precio de los boletos. Es la pregunta de si en EE.UU. todavía existen los frenos al poder corporativo o si una llamada al presidente es suficiente para anular el veredicto de un jurado.

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