Juez tumba acuerdo de $1,776 millones entre Trump y el IRS: "Esto fue colusión"

—Un juez federal acaba de decirle al presidente de Estados Unidos que su acuerdo de $1.776 mil millones con el IRS es ilegal. Y no se detuvo ahí: lo llamó "colusión" y envió a sus abogados a enfrentar sanciones.

Si pensabas que un presidente podía hacer lo que quisiera con las agencias del gobierno, la jueza Kathleen Williams acaba de demostrar que no.

El caso es tan absurdo que parece una película de Hollywood. Trump demandó al IRS porque un exempleado filtró sus declaraciones de impuestos. El IRS, que es parte de su propio gobierno, aceptó pagarle $1,776 millones — una cifra sospechosamente similar a 1776, el año de la independencia de EE.UU.

A cambio, Trump y su familia obtenían inmunidad total de futuras auditorías fiscales. Y de paso, se creaba un fondo de $1.8 mil millones llamado "anti-armamentización" — un eufemismo para lo que los críticos llamaron un "fondo para pagarle a criminales del asalto al Capitolio".

¿Qué pasó exactamente?

En enero de 2026, Trump demandó al IRS alegando que la agencia no protegió su información financiera cuando un exempleado, Charles Littlejohn, filtró sus declaraciones de impuestos al New York Times y ProPublica.

Littlejohn —un contratista del IRS que confesó haber solicitado el trabajo específicamente para filtrar los impuestos de Trump— fue condenado en 2024 a 5 años de prisión. Hasta ahí, todo normal.

Lo que nadie esperaba era que el propio gobierno de Trump aceptara pagarle a Trump $1.776 millones para cerrar el caso.

Sí, leíste bien. El poder ejecutivo demandó a una agencia del poder ejecutivo, y el acuerdo le pagaba al presidente con dinero de los contribuyentes.

La jueza no se dejó engañar

La jueza Kathleen Williams, nombrada por Barack Obama, revisó el acuerdo y lo describió en términos que rara vez se ven en documentos judiciales:

"La naturaleza de la demanda y la conducta de las partes dejan claro que esto fue un intento de usar la corte para darle legitimidad a un acuerdo que confería inmunidad a personas afiliadas al presidente, y destinar miles de millones de dólares de los contribuyentes a reparar agravios no definidos en la ley."

La jueza también recomendó sanciones contra el abogado principal de Trump, Alejandro Brito, por lo que describió como "colusión" entre las agencias del gobierno para manipular el proceso judicial.

Los detalles que importan

El acuerdo no solo beneficiaba a Trump. Sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y la Trump Organization, también quedaban protegidos de auditorías futuras. El fondo "anti-armamentización" de $1.8 mil millones generó indignación bipartidista porque, según varios congresistas, podría usarse para compensar a los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La decisión de Williams fue contundente: anuló el acuerdo por completo, dejó a Trump sin inmunidad fiscal, y remitió el caso a las autoridades disciplinarias de abogados.

¿Qué significa esto para LATAM?

Más allá de la política estadounidense, este caso es una lección de cómo funcionan (o deberían funcionar) los pesos y contrapesos en una democracia. En América Latina, donde los presidentes a menudo controlan las agencias fiscales y judiciales, el mensaje es claro: ni el mandatario más poderoso está por encima de la ley cuando hay un juez independiente dispuesto a hacer su trabajo.

La decisión también expone un problema estructural: cuando el poder ejecutivo controla tanto la demanda como la defensa, el "acuerdo" es solo una transferencia de fondos disfrazada de proceso legal.

La ironía final

Charles Littlejohn, el hombre que filtró los impuestos de Trump, sigue en prisión. Pero Trump, que usó esa filtración para demandar al IRS, se quedó sin su acuerdo multimillonario y sin inmunidad tributaria. El único que perdió dinero de verdad fue el contribuyente estadounidense, que pagó los abogados de ambos lados.

La jueza Williams resumió todo en una frase: "Esto fue un intento de manipular el proceso judicial. Y la corte no va a permitirlo."

Comparte esto si crees que nadie, ni el presidente más poderoso del mundo, debería estar por encima de la ley.

¿Crees que un juez latinoamericano se habría atrevido a hacer lo mismo? Déjalo en los comentarios.