Un juez federal acaba de declarar ilegal la "vigilancia masiva indiscriminada" de Flock

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Un juez federal acaba de declarar ilegal la "vigilancia masiva indiscriminada" de Flock

Las cámaras que leen matrículas en tiempo real prometieron "seguridad". Un juez federal acaba de decir que también violan la privacidad.

En una decisión histórica, un juez federal de Oklahoma dictaminó que un agente del condado de Tulsa violó la Cuarta Enmienda al usar el sistema de cámaras ALPR de Flock Safety para buscar la matrícula de una mujer sin una orden judicial.

La sentencia que puede cambiar todo

El caso marca un antes y un después. Aunque no establece un precedente vinculante, es la primera vez que un tribunal federal declara explícitamente que una búsqueda de matrícula mediante el sistema de Flock constituye "vigilancia masiva indiscriminada".

Los sistemas ALPR de Flock fotografían automáticamente las matrículas de todos los vehículos que pasan, almacenando su ubicación y hora en una base de datos que luego puede consultarse retroactivamente. Para el juez, permitir búsquedas sin orden equivale a conceder a la policía un seguimiento retrospectivo global sin justificación.

¿Seguridad a costa de derechos fundamentales?

Flock Safety se ha expandido rápidamente a más de 5,000 agencias policiales en EE. UU., presentando sus cámaras como herramientas eficaces para combatir el crimen. Sin embargo, organizaciones de privacidad llevan años advirtiendo que la capacidad de reconstruir el historial de movimientos de cualquier persona en cuestión de segundos es incompatible con el derecho a la intimidad.

La decisión llega en un momento de creciente debate sobre la vigilancia basada en IA y datos masivos. Cada nuevo contrato entre Flock y un ayuntamiento despierta protestas ciudadanas que exigen límites claros. La línea entre vigilancia investigativa y vigilancia masiva se vuelve cada vez más difusa.

Un precedente con eco global

Si bien la sentencia no vincula a otros tribunales, sienta un argumento jurídico sólido. Grupos como EFF (Electronic Frontier Foundation) llevan años sosteniendo que las búsquedas masivas de registros ALPR sin sospecha individualizada son inconstitucionales.

Esta decisión podría abrir la puerta a más demandas y obligar a ciudades enteras a repensar sus contratos con Flock. Porque cuando la tecnología permite seguir los pasos de cualquiera, nadie deja de ser sospechoso.

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