Demandaron a Coca-Cola, Oreo y Kellogg por hacerte adicto: la comida chatarra es el nuevo tabaco

Oreo. Coca-Cola. Kellogg. No son marcas de tabaco: son las que una ciudad entera acaba de demandar por diseñar adicción. Y la frase no es un titular exagerado: está escrita en una demanda oficial.

San Francisco presentó en diciembre la primera demanda gubernamental de la historia contra los fabricantes de comida ultraprocesada. La acusación es brutal: estas empresas "te están engañando para que comas hasta matarte". Literal.

Pero esto no es solo un caso de EE.UU. Una investigación global publicada esta semana — Big Food vs. The People — destapó el manual completo de la industria, incluyendo un capítulo entero sobre Colombia. Y el patrón es idéntico al del tabaco.

La demanda que compara la Oreo con el cigarrillo

El fiscal de San Francisco, David Chiu, no se anduvo con rodeos: "Tomaron la comida y la volvieron irreconocible y dañina para el cuerpo humano".

La demanda nombra a 10 gigantes: Kraft Heinz (Kool-Aid, Lunchables), Mondelez (Oreo, Chips Ahoy, Sour Patch), Kellogg (Pop-Tarts, Pringles), General Mills, Post, Coca-Cola, PepsiCo, Mars y ConAgra.

La teoría legal: violan la ley de competencia desleal de California y constituyen una molestia pública. Piden frenar el marketing engañoso y que paguen los costos de salud que le cargaron a los contribuyentes.

El argumento central es escalofriante: "la adictividad es una característica", no un efecto secundario. Los productos están "diseñados para ser baratos, coloridos, sabrosos y adictivos".

El caso Colombia: impuesto, lobby y 17 demandas

Aquí viene lo que más nos toca. La investigación con Cuestión Pública destapó cómo opera la industria en LATAM. Más de la mitad de Colombia tiene sobrepeso, y tratar esas enfermedades costó €1.300 millones solo en 2021.

En 2022, el Congreso aprobó un impuesto a los ultraprocesados y las gaseosas. Las empresas reaccionaron como siempre: pagaron el 40% de todas las donaciones a partidos políticos ese año — más de €5,85 millones.

Una de las beneficiadas fue Paloma Valencia, candidata presidencial, que prometió eliminar el impuesto si gana. ¿Resultado? El impuesto pasó igual. ¿Y qué pasó? El consumo de comida chatarra y gaseosas se desplomó.

Entonces la industria se fue a los tribunales: 17 impugnaciones legales contra la medida. ¿Quiénes las presentaron? "Individuos" que resultaron ser abogados con historial de trabajo para empresas de comida. Una de ellas copió a un fabricante regional de gaseosas en su correo de demanda.

Por ahora, las 17 han sido rechazadas. Colombia ganó. Pero el intento dice todo.

El manual de Big Tobacco, ahora en tu supermercado

No es casualidad. La demanda de San Francisco lo documenta: en los 60, Philip Morris y RJ Reynolds — sí, las tabacaleras — se expandieron al negocio de la comida, trayendo consigo todo su conocimiento sobre adicción y manipulación del consumidor.

Un estudio reciente liga los ultraprocesados a una cuarta parte de los casos y muertes por enfermedad cardíaca. Obesidad, diabetes tipo 2, cánceres, problemas neurológicos: la lista es interminable.

Y mientras tanto, la industria repite el libreto del tabaco: "si todo lo demás falla, demanda", como tituló The Guardian esta semana. Demandan a los gobiernos que intentan regularlos y derrotan a los ciudadanos que los demandan a ellos.

¿Esto puede ganar?

Honestamente: es una batalla cuesta arriba. Los precedentes no ayudan — la demanda contra McDonald's de hace 20 años cayó, y un caso individual contra Kraft Heinz también fue desestimado este año.

Pero esta demanda es diferente: la presenta un gobierno, con la ley de competencia desleal y molestia pública, y la respaldan estudios que no existían hace 20 años. Ya fue devuelta a la corte estatal para seguir su curso.

Más importante: la presión ya funciona. Ciudades de todo EE.UU. estudian demandas similares, y los investigadores de ultraprocesados piden cambios de política: "el sistema está amañado", dijeron en STAT.

En LATAM la lección es clara: México, Chile y Colombia ya demostraron que los impuestos a la comida chatarra funcionan. Y cada peso que la industria gasta en lobby y demandas es un peso que no invierte en hacer comida menos dañina.

La Oreo no va a desaparecer. Pero por primera vez, alguien con poder real está obligando a la industria a responder por lo que hace. Esto recién empieza.

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