🗳️ Política
Alemania acaba de declarar la guerra a la transparencia — y quiere ocultar todo a los ciudadanos
Imagina que le pides a tu gobierno información sobre cómo gasta tu dinero, y te responden: "eso ya no es para ti, solo para alemanes".
Parece una distopía. Pero es lo que está pasando ahora mismo en Alemania. Y si pasa en la cuarta economía más grande del mundo, prepárate para que se extienda como plaga.
El gobierno alemán, liderado por el canciller Friedrich Merz (CDU), acaba de aprobar un paquete de reformas que, bajo el pretexto de "seguridad nacional", destroza la Ley de Libertad de Información (IFG) que había estado vigente desde 2006.
¿Qué está cambiando exactamente?
La IFG actual permite a cualquier persona — ciudadano alemán, extranjero, periodista, ONG — solicitar información a las agencias federales y recibirla de forma gratuita o a un costo mínimo.
Es la ley que usan organizaciones como Greenpeace, Transparency International y Amnistía Internacional para exigir transparencia al gobierno. También la usan periodistas, abogados y ciudadanos comunes que quieren saber qué hace su gobierno.
El nuevo plan del gobierno de Merz cambia tres cosas fundamentales:
- Solo "personas naturales" — Las organizaciones y asociaciones (ONGs, medios, grupos ambientalistas) perderían el derecho a solicitar información.
- Solo alemanes y europeos — El gobierno está evaluando limitar el acceso solo a ciudadanos alemanes y de la UE. Los extranjeros quedarían fuera.
- Tarifas elevadísimas — Lo que hoy es gratuito o de bajo costo podría volverse prohibitivo.
En la práctica, esto significa que Greenpeace ya no puede pedir datos sobre contaminación. Los periodistas extranjeros no pueden investigar. Y tú, como ciudadano latino, no puedes saber cómo Alemania gasta el dinero que recibe de fondos europeos.
110 organizaciones contra el muro
Un grupo de 110 organizaciones de la sociedad civil — incluyendo Greenpeace, Transparency International y Amnistía Internacional — firmaron una carta abierta al gobierno: "Detengan estos planes. Protejan la Ley de Libertad de Información en su forma actual."
Martin Kaiser, experto climático de Greenpeace, fue directo: "Si el gobierno federal quiere restringir el derecho a la información, obstaculizará la supervisión y la participación pública, y reducirá la aceptación pública en materia de infraestructura, uso del suelo, conservación de especies y protección climática. Esto no genera confianza, la destruye."
Y no solo las ONGs están furiosas. Incluso miembros de la propia coalición gobernante (SPD) ahora quieren reconsiderar la reforma. Los expertos del SPD en los comités de Interior, Asuntos Digitales y Protección al Consumidor emitieron una declaración conjunta: "No aprobaremos ninguna medida que elimine el nivel actual de transparencia que proporciona la Ley de Libertad de Información."
500,000 firmas y corazones enojados
La sociedad alemana respondió con furia. Más de medio millón de firmas se han recolectado contra esta reforma. La Federación Europea de Periodistas y Human Rights Watch también alzaron la voz (o, en el caso de HRW, intentaron — su artículo sobre el tema literalmente redirige a una página 404, una ironía que no se le escapa a nadie).
Según cifras oficiales, se presentaron aproximadamente 105,000 solicitudes a las autoridades alemanas entre 2015 y 2022. En solo una fracción de esos casos (unas 16,200) se retuvo información parcialmente, y en unas 9,000 se denegó por completo.
Es decir: la IFG funciona, la gente la usa, y el gobierno quiere matarla.
El pretexto: "seguridad nacional" en la era de ciberguerra
El argumento del gobierno es que, en una era de "amenazas altamente complejas, tanto domésticas como extranjeras", los datos del gobierno deben tratarse con "confidencialidad excepcional".
Suena razonable hasta que piensas en esto: el mismo argumento lo usaron gobiernos autoritarios para justificar la vigilancia masiva, la censura y la persecución de periodistas.
Konstantin von Notz, diputado opositor del Partido Verde y miembro del panel de supervisión de servicios de inteligencia, lo dijo mejor: "Bajo el pretexto de tener que adaptarse a nuevas amenazas de seguridad, están socavando fundamentalmente los fundamentos legales de la transparencia gubernamental. La coalición prometió modernizar el estado, pero esto es exactamente lo contrario: un drástico retroceso."
¿Y qué tiene que ver esto con Latinoamérica?
Todo. Alemania es el tercer socio comercial más grande de la UE para América Latina. Si Alemania cierra el acceso a la información pública, afecta directamente la capacidad de periodistas, activistas y ciudadanos latinoamericanos de investigar cómo se manejan los fondos de cooperación internacional, los acuerdos comerciales y los proyectos de inversión.
Además, lo que hace Alemania se copia en todo el mundo. Si la cuarta economía global puede restringir la transparencia "por seguridad", ¿qué impedirá que gobiernos latinoamericanos hagan lo mismo?
Ya hay precedentes: en 2024, el gobierno de Ecuador intentó limitar el acceso a información pública. En Argentina, la Ley de Acceso a la Información Pública ha sido debilitada progresivamente. Y en varios países de Centroamérica, los periodistas que investigan corrupción enfrentan hostigamiento judicial.
La transparencia no es un lujo de países ricos. Es un derecho que, cuando se pierde, no se recupera fácilmente.
Comparte esto con alguien que todavía cree que "en Europa la democracia está garantizada".